Articulos y Noticias

Los derechos fundamentales: importancia y funcionabilidad

Los derechos fundamentales: importancia y funcionabilidad

DERECHO CONSTITUCIONAL

Los derechos fundamentales: importancia y funcionabilidad

Dilenny C. Camacho Diplán

Al finalizar mis estudios del Máster en Derechos Fundamentales, las personas a menudo preguntan en qué consiste esta área del Derecho y de una forma sencilla y sin muchos detalles se expresa que se trata de “derechos humanos”, la cual es una comparación frecuentemente utilizada, pero conceptualmente mal empleada. Quienes piensan esto no solo son aquellas personas ajenas al mundo jurídico, sino también abogados, que ante tal respuesta indican que es un tema muy teórico y con poco funcionamiento y práctica en el país.

Estos comentarios tan desacertados son la razón de este escrito, en el que se plantea la definición concreta del término “derechos fundamentales”, la diferencia terminológica entre este y los “derechos humanos”, y lo más importante: la relevancia y la gran función que desempeñan los derechos fundamentales en el Estado actual.

El primer aspecto, en lo que se refiere a lo anteriormente expuesto, es el concepto de derechos fundamentales, su alcance y el problema terminológico en relación con los derechos humanos.

Derechos Fundamentales

Según indica el Diccionario de la Real Academia Española, los derechos fundamentales son:

los que, por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, suelen ser recogidos por las constituciones modernas asignándoles un valor jurídico superior[1].

Es importante destacar lo subrayado, ya que para poder considerar un derecho como fundamental, es necesario que sea plasmado dentro de la constitución de una determinada nación.

Los derechos fundamentales es un término técnico, son fundamentales ante el valor de la dignidad humana, son fundamentales porque son los más importantes en el conjunto jurídico, porque se vinculan con los valores del ordenamiento y por el rango que tienen como norma jurídica.

Particularmente, los derechos fundamentales no solo se deben representar en el ámbito constitucional, sino que también pueden estar plasmados en un texto legal, es decir, lo importante es que estén  positivizados dentro del ordenamiento jurídico. No existe una unanimidad en esta opinión, ya que hay especialistas en el área de Derecho Constitucional que expresan que los derechos fundamentales se encasilla dentro de una categoría propia del Derechos Constitucional y no de cualquier sistema legal, estableciendo que los derechos fundamentales sólo existen cuando hay una constitución normativa legitimada por el poder Constituyente[2].

Para que los derechos fundamentales se consideren protegidos, deben serlo a nivel constitucional. Sin embargo, también es cierto que no tiene por qué tratarse de un texto que formalmente se llama Constitución, pero sí es necesario que esos contenido aseguren mediante normas superiores (por tanto, no modificables por simples normas con fuerza de ley, o, de otra forma, por mayorías ordinarias).

Al hablar de plasmar los derechos es indispensable establecer la positivización del derecho, tanto en una norma sustantiva, como también en un texto legal, debido a que hay países con un reducido catálogo de derechos enunciados dentro su carta magna; no obstante, dichos derechos no son limitativos. Basta como muestra la Constitución dominicana derogada en enero de 2010, la cual contenía un reducido catálogo de derechos meramente enunciativos; sin embargo, de manera expresa decía que estos derechos no eran limitativos. Por tanto, se recogían en las leyes adjetivas así como también en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado dominicano tiene suscritos o ratificados, que en este caso integraban el bloque de constitucionalidad.

La Reforma Constitucional del 2010 le dio una orientación distinta a lo que había sido el Estado dominicano hasta ese momento. El Estado Social y Democrático de Derecho[3] prioriza los derechos fundamentales, incorpora nuevos derechos, y al mismo tiempo, identifica los procedimientos que garantizan que estos derechos sean reales, posibles y alcanzables por los ciudadanos[4].

Como bien señala Peces-Barba, las tradiciones lingüísticas de los juristas atribuyen al término “derechos fundamentales” esa dimensión vinculándola a su reconocimiento constitucional o legal[5].

Los derechos fundamentales son “aquéllos imbuidos del carácter de esenciales para la persona humana, se encuentran constitucionalizados, son inviolables e imprescriptibles y operan siempre a favor del justiciable. Se apoyan en la irrebatible necesidad de mesurar el ejercicio de la función jurisdiccional con el fin de hacer efectivas las garantías inalienables[6].

Otra definición sobre derechos fundamentales, que nos ayudará a un mejor entendimiento es la del profesor Ansuátegui, quien dice:

fundamentales son aquellos derechos que están recogidos o garantizados en normas básicas de un ordenamiento jurídico o que, aunque no lo estén, tienen una existencia y un contenido esencial y condicionante respecto de otros derechos o contenidos “inferiores” o “menores” de este sistema, o que también recogen o expresan valores y principios considerados fundamentales en ese sistema[7].

En este concepto que expresa el citado profesor, se indican que lo importante a destacar es que dichos derechos se encuentren avalados en una norma básica (normas superiores) dentro del ordenamiento jurídico del Estado, y aporta, además, que si no están recogidos, por lo menos que forme parte indispensable de los valores y principios en los que se fundamenta el sistema jurídico.

La profesora española de la UC3M[8], María del Carmen Barranco, indica que la concepción de los derechos fundamentales aparece como la expresión más idónea para destacar dos elementos; uno de ellos es la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, el otro elemento es la importancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material dentro de un determinado ordenamiento, y en instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades[9].

Algo que no se puede dejar de lado, es lo relacionado a la naturaleza y función de los derechos fundamentales en el conjunto del ordenamiento constitucional. Los derechos fundamentales están conectados a unos valores que integran el tipo de “estado constitucional”, en especial a la dignidad. Por tanto, los derechos fundamentales están inmersos en el conjunto del sistema constitucional de valores: “todo derechos fundamental está en correspondencia a su peculiaridad y a su concreta regulación jurídico-constitucional, en una relación axiológica, específica, solo para él, con los otros bienes jurídico-constitucional[10].

Para el profesor Haberle, los derechos fundamentales tienen como fin preservar frente a la injerencia estatal determinados ámbitos vitales de los individuos, toda intervención sobre ellos a través de la legislación no pueden entenderse más que como una limitación[11]. Lo que nos quiere decir, desde el punto de vista institucional de los derechos fundamentales es por un lado, autorización al legislador para conformar y limitar la libertad; y, por el otro lado, es un límite para el mismo legislador. Por tanto, tiene una doble función la de la limitación y la de la conformación de los derechos fundamentales.

Derechos Humanos

Por lo que se refiere a “derechos humanos”, este es, sin dudas, uno de los términos más usados en la cultura jurídica y política actual, tanto por los juristas, políticos, y todas las personas que se ocupan del ser humano, del Estado y del Derecho, como por los mismos ciudadanos.

Se puede decir que existen dos vertientes afines a los derechos humanos: la moral y la jurídica. En estas dos vertientes se desarrollan dos teorías de cómo deben verse esos derechos. Para la primera, los derechos humanos pueden abarcar una realidad moral o jurídica (en este sentido se apunta el doctor Atienza); mientras que en la otra teoría se da por hecho que los derechos humanos ya son elementos de moralidad que deben de ser trasladados al Derecho (es el punto de vista del profesor Pérez Luño)[12].

Tomando en consideración las dos vertientes anteriormente expuestas, los derechos humanos, tanto en la dimensión jurídica como moral, hacen referencia a las facultades o capacidades que son inherentes a los individuos y los grupos por su calidad de seres humanos.

Otra enunciación sobre los derechos humanos sostiene que estos constituyen:

El conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.[13]

Si se atiende la práctica lingüística de la que se extraen las definiciones léxicas y que reflejan el uso de un término del lenguaje por los miembros de una determinada sociedad, se puede encontrar que existen distintas palabras que expresan el concepto de derechos humanos como: derechos naturales, derechos públicos subjetivos, libertades públicas, derechos morales, derechos fundamentales, derechos individuales, derechos del ciudadano, entre otras. No obstante, ninguno de estos términos es una expresión pura de una decisión lingüística, sino que todos ellos tienen conexiones culturales y explicaciones que se derivan de un contexto histórico, de unos intereses, de unas ideologías y de unas posiciones científicas o filosóficas de fondo[14].

Se podría considerar que las múltiples denominaciones para hacer referencia al uso de ese término radican en la oscuridad y  ambigüedad que guardan todos los conceptos enunciados más arriba. Al no saber a qué se alude cuando se habla de estos tipos de derechos, se puede favorecer su utilización ideológica, o se puede perder -en cierto modo- la esencia de entender el objeto de estos derechos.

Volviendo al tema que nos ocupa, los derechos fundamentales, en el uso doctrinal, como bien señala el profesor Pérez Luño, son derechos humanos constitucionalizados, como los principios inspiradores de la ideología de cada ordenamiento y como la síntesis de los derechos sociales y libertades.

En el mismo orden de ideas, este autor señala que:

Los derechos fundamentales serán los derechos humanos positivizados a nivel interno y los derechos humanos manifestarían a los derechos naturales positivizados en las declaraciones internacionales, así como aquellas exigencias básicas que no han alcanzado un estatuto jurídico positivo[15].

Como es sabido, el uso del término derechos humanos está más ligado al ámbito internacional, ya que es el léxico utilizado para la mayoría de las declaraciones o tratados internacionales que vinculan la dignidad del ser humano y todo lo que conlleva un trato y desarrollo digno de la persona. Por el contrario, “derechos fundamentales” es utilizado en un ámbito nacional o interno en que las constituciones modernas hacen uso de ella. Por consiguiente, se puede decir que los “derechos fundamentales” son las prerrogativas que el Estado nos ofrece tanto en nuestra carta magna como en las normas adjetivas que el ordenamiento jurídico tiene; mientras que “derechos humanos” es una expresión de uso cotidiano, pero ambiguo en un campo de aplicación más internacional.

Importancia y Funcionabilidad

El segundo aspecto a tratar es la importancia y la función de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico dominicano.

Para comenzar, los lectores se deben enmarcar en un plano histórico, donde los derechos humanos siempre se han vinculado con la vida, la dignidad, la libertad, la igualdad, seguridad, solidaridad y la participación política; por consiguiente, solo estaremos en presencia de un derecho fundamental cuando se pueda razonablemente sostener la garantía de dichos derechos o instituciones dentro de un ordenamiento jurídico donde se respeten y hagan respetar esos principios.

Como es de conocimiento general, ni en la República Dominicana, así como en ningún otro país, se cuenta con un sistema infalible para la garantía efectiva de los derechos fundamentales, ya que a menudo se ven en la prensa innumerables casos de vulneraciones y habría que mencionar, también, los cúmulos de trabajo dentro de los tribunales ordinarios y de igual modo en los tribunales internacionales. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que existen legislaciones e instituciones que están trabajando poco a poco para el respeto de los derechos y para que no sigan las violaciones a los derechos humanos y fundamentales. Tales son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), la Comisión Internacional de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, las Cortes Internacionales de Derechos Humanos y un sin fin de instituciones que velan por el buen funcionamiento de estos derechos.

Hecha esta salvedad, esta segunda sección del texto se dedicará a establecer la relevancia de los derechos fundamentales y la puesta en práctica en varios aspectos, comenzando con la relación entre los ciudadanos, con el Estado, el vínculo entre los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico en sí, y, por último, con las diversas ramas del Derecho.

Lo primero a mencionar es la importancia de los derechos fundamentales en relación directa con las personas. Como es de saber, la titularidad de estos derechos les corresponde a todas las personas[16], sin ningún tipo de distinción, abarcando desde los que no han nacido hasta las personas que ya están muertas. Sin embargo, es lamentable decir que son estos mismos, los titulares de derechos, los que desconocen cuáles son sus derechos y, peor aún, no tienen la más mínima idea de los beneficios que adquieren a la hora de poder exigirlos.

En este país, asombrosamente, se cuenta con un gran número de personas que desconocen los derechos que le son otorgados por la ley sustantiva, lo que empeora más cuando estos no saben cómo poder exigir dichos derechos en caso de verse amenazados o vulnerados. A pesar del escenario que enfrenta esta población, los derechos fundamentales no dejan de ser importantes y prácticos, ya que cualquier persona puede tener una vulneración del derecho a la educación, con relación a la violencia de género, en los asuntos de salud y sanidad o simplemente no tener acceso a determinados servicios por ser una persona con discapacidad. Estos son casos de la vida cotidiana, que normalmente son llevados a la práctica por los mecanismos convencionales, debido a la inexistencia de un organismo o institución que se dedique exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales. O que simplemente son dejados en el abandono o al olvido por motivos, no solo de ignorancia, sino también por el alto costo de poder acceder a la justicia dominicana.

El segundo elemento a relacionar con los derechos fundamentales es el Estado. Esta es una pieza de suma importancia al hablar de derechos fundamentales, y más cuando se habla de un Estado social y democrático de derecho[17]. Lo primero que quiero abordar es el significado de lo que es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho se sujeta a la misma normativa que este produce, con una concepción eminentemente liberal. Como bien señala Teódulo López Meléndez, el Estado de Derecho “implica principio morales, jurídico y políticos que deben tener eco en las decisiones judiciales que fomenten el respeto de las reglas fundamentales del juego político. Cuando no se puede intervenir los esquemas de iniquidad no estamos ante un real Estado de Derecho…”[18]. “El Estado de Derecho es cuando las instituciones públicas o el Estado en un conjunto actúan con apego a las leyes, y de manera muy particular de la Constitución. El Estado de derecho se ampara en el principio de que quienes hacen las leyes tienen también la obligación de respetarlas”[19].

Ahora bien, ¿qué se debe de entender por “Estado social y democrático de derecho”?  Se debe interpretar que es un Estado sujeto a la ley, legítimamente establecida con arreglo a la Constitución, que no puede contradecir a los preceptos sociales en ella establecidos, los cuales constituyen la positivización de ciertos valores por y para los cuales se construye el Estado social.

El Estado social y democrático de derecho se caracteriza, entonces, por la búsqueda de la coincidencia entre la titularidad formal de ciertos derechos públicos subjetivos y su ejercicio efectivo, así como por la acción estatal. Además, se describe por la concepción del estatus de ciudadanía como participación en valores y derechos políticos, así como en los bienes económicos y culturales del Estado. Constituye también un rasgo fundamental el hecho de ser un Estado de prestaciones, de modo tal que los preceptos constitucionales por los que se rige, además de limitar su actividad, le fijan objetivos para su acción legislativa y administrativa, lo que le obliga a construir una política orientada hacia la configuración de la sociedad por el Estado dentro de los patrones constitucionales.

Ya comprendido esto, se puede deducir que la República Dominicana, al tener este tipo de Estado, está estrechamente relacionada y comprometida con los derechos fundamentales y sus garantías a merced de los titulares de derecho, los ciudadanos, para así poder concretar un ejercicio en las funciones públicas más efectivo, digno y diáfano. Actualmente, se ve que el trabajo de las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno y los demás organismos que conforman el Estado es en vista al desarrollo y una efectiva funcionabilidad de los derechos fundamentales de los dominicanos. Una muestra de esto es el nuevo modelo del sistema penitenciario dominicano, el cual tiene su base en la filosofía de respeto a la condición humana de las personas privadas de libertad[20].

Otra reflexión a destacar es la relación entre los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico dominicano, la cual está encaminada a comprender la posición y preeminencia que ocupan los derechos fundamentales dentro de este ordenamiento. En este sentido, se puede demostrar que los derechos fundamentales no constituyen un contenido cualquiera del ordenamiento jurídico: su presencia caracteriza y define el sistema jurídico en su conjunto, aparte de que, como se expresó precedentemente,  forma parte del tipo de Estado que la República Dominicana tiene constituido. El análisis de los derechos fundamentales en perspectiva jurídica permite considerarlos como una pieza clave dentro del ordenamiento.

Existe una posibilidad de que la expresión “derechos fundamentales” tenga a su favor la susceptibilidad de abarcar la categoría clásica de los derechos: individuales (de autonomía), políticos (de participación) y económicos, sociales y culturales. A lo que debe sumarse que, debido al carácter histórico de su fundamentación, constituyen una categoría abierta a la historia y a asumir la evolución de los diversos contenidos[21]. Vista esta posibilidad, los derechos humanos tienen un mayor alcance en las áreas de desarrollo humano y de la sociedad.

Por consiguiente, los derechos fundamentales presentan una vertiente subjetiva y otra objetiva:

Los derechos fundamentales, por una parte, son derechos subjetivos y, por otra parte, son elementos estructurales del ordenamiento jurídico… Así un derecho fundamental es una figura que resume un valor asumido en el sistema jurídico de una comunidad y que se inserta con fuerzas vinculantes en el ordenamiento jurídico[22].

La presencia de normas de derechos fundamentales en un determinado ordenamiento jurídico despliega una serie de efectos de amplia trascendencia en lo que se refiere a su configuración y funcionamiento. Ello, al menos, por dos razones. En primer lugar, por la misma naturaleza constitucional de las normas de derechos. En este punto cabe reconocer que, en realidad, este efecto es el resultado de la ubicación constitucional de estas normas y no es la consecuencia de que posean determinados rasgos característicos de otro tipo. En segundo lugar, ya hemos aludido anteriormente a la carga moral de las normas de derechos fundamentales. Son expresión del punto de vista sobre la justicia que asume en última instancia el sistema jurídico de referencia. En este sentido, configuran la dimensión sustantiva o material del sistema, dimensión que se materializa y que surte efectos a partir de la posición constitucional de las normas de derechos[23].

El último elemento a relacionar con la importancia y funcionabilidad de los derechos fundamentales está constituido por las diversas ramas del derecho, o, dicho de otro modo, el mundo jurídico en sí mismo.

Jurídicamente hablando, los derechos fundamentales tienen una importancia vital, ya que gracias a esos derechos que se encuentran en la Constitución, existe la profesión de abogado, jurista, fiscal o juez. Las labores de estos profesionales abarcan la defensa y justicia de los derechos que se les confiere a las personas o grupos, sin importar el procedimiento que se siga (civil, penal, administrativo, etc.).

Con esto se quiere decir que son numerosas las demandas judiciales relacionadas con los derechos fundamentales que llegan a los tribunales dominicanos, y, como este país no cuenta con una institución que permita el desarrollo de esta rama del derecho, esta debe de conocerse de manera subsidiaria a otros elementos que sí conocen los tribunales nacionales. A pesar de que la nueva Constitución establece la creación de un tribunal constitucional para el conocimiento de esta materia y de la existencia de un proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, aun los legisladores no han  tomado la decisión de aprobarla y ponerla en vigencia.

De la evolución y realidad de los derechos fundamentales en la esfera civil se puede concluir que hay nuevos derechos fundamentales que hasta ahora eran simples derechos privados; y aunque aún hay derechos privados, base de los derechos fundamentales y necesarios para su ejercicio concreto, que tienen un tratamiento puramente civil y no de derechos fundamentales[24].

Para ejemplificar esto se pueden citar los casos de la protección del consumidor como principio general del derecho, el cual se lleva un procedimiento meramente civil o comercial según la petición del demandante; el derecho al honor, intimidad y la propia imagen, el cual se lleva a cabo mediante demandas en daños y perjuicios por calumnias e injurias o mediante la privación de la libertad de expresión, algo de práctica civil; así como también el derecho a la salud y sus prestaciones sanitarias. De igual forma sucede con algunos derechos que anteriormente no estaban contenidos en la Carta Magna, que comúnmente son llevados en tribunales ordinarios, como es la protección a las personas menores de edad, seguridad alimentaria, propiedad intelectual, entre otras.

No obstante, se considera que con la puesta en práctica de un tribunal constitucional se podrá tener una mejor visión de hacer respetar los derechos fundamentales, ya que las normas constitucionales gozan de mayor respeto en los países donde existen estos tipos de tribunales[25], pero, claro está, sin abusar para que este no ridiculice sus funciones reales.

De igual importancia podría ser el funcionamiento de otra de las instituciones nuevas que la Constitución dominicana señala para la protección de las vulneraciones de los derechos fundamentales por parte de las dependencias del Estado. Se habla del “defensor del pueblo”. Esta figura a nivel internacional es de suma importancia, con un gran desempeño y acogida por parte de los ciudadanos que se ven afectados por los organismos del Estado.

Para concluir, se puede observar en todo el desarrollo de este texto que los derechos fundamentales se encuentran en todas las actuaciones que los ciudadanos desempeñan en la sociedad, que estos son las prerrogativas  inherentes, que se encuentran positivizados dentro del ordenamiento jurídico dominicano y que se debe tener conocimiento de cuáles son y de cómo exigirlos.

A pesar que nuestra Carta Magna contiene garantías fundamentales (habeas corpus, data, amparo, etc.),  aún falta mucho por hacer, porque lo más importante es que los titulares de tales derechos los deben conocer para que estos sean respetados y a la hora de una violación sepan cómo reivindicarlos. También falta mucho a nivel institucional. En tal sentido, debe decirse que, aunque ya se tienen los cimientos, hay que seguir trabajando al respecto.

Bibliografía

BARRANCO AVILÉS, María del Carmen. “El discurso de los derechos”: Madrid, Dykindon, 1996

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Nuevos derechos fundamentales en el ámbito del Derecho privado: Madrid, Lerko Print, 2008

FERNANDEZ, Julio José, “La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales”: Teoría y realidad constitucional, Núm. 14, Madrid.  Dykinson, 2004

FERNANDEZ LEON, Whanda, Procedimiento Penal Constitucional: 2da.ed. Bogotá. Librería Ediciones del Profesional, 2003

JORGE PRATS, Eduardo, “Derechos Constitucional”: Volumen I, Santo Domingo, IUSNOVUM, 2010

LOPEZ MELENDEZ, Teódulo, “El Estado Social de Derecho”

MIGUEZ MACHO, Luis, “La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn”: Revista de Estudios Políticos, Núm. 127 (enero-marzo), Madrid.  Dykinson: 2005

PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio [et. al]. “Curso de Derechos Fundamentales”: Madrid, Universidad Carlos III de Madrid –B.O.E, 1999

PÉREZ LUÑO, Antonio E. “Derechos fundamentales”: Madrid, Tecnos, 1988

_________________, “Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución”: 5ta. ed. Madrid, Tecnos, 1995

RAMIREZ MORILLO, Belarminio, “Derecho Constitucional Dominicano”: Santo Domingo, FESJE, 2010

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 22a Edición (2001) [en línea]. Disponible en ciberpágina:

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=derechos%20fundamentales [Consulta: 15 de septiembre de 2010].

REPÚBLICA DOMINICANA. “Constitución de la República Dominicana”: Santo Domingo, Alfa y Omega, 2010

TAMAYO ACOSTA, Juan José Coord.” 10 palabras claves sobre Derechos Humanos”: Madrid, Verbo Divino, 2005


[1] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, 22a ed.: [en línea], en ciberpágina:

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=derechos%20fundamentales [consulta: 15 de septiembre de 2010].

[2] Él Poder Constituyente, a pesar de las diversas definiciones que se pueden encontrar al respecto, hago alusión al que establece Eduardo Jorge Prats  en su libro de “Derecho Constitucional”, indicando que el “poder constituyente se revela como una cuestión de “poder”, de “fuerza” o de “autoridad” política que está en condiciones de crear, garantizar o eliminar una Constitución entendida como  ley fundamental de la comunidad política”.

[3] Ver Infra.

[4] RAMIREZ MORILLO, Belarminio, Derecho Constitucional Dominicano: Santo Domingo, FESJE, 2010, P. 217

[5] PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio [et. al]. Curso de Derechos Fundamentales: Madrid, Universidad Carlos III de Madrid –B.O.E, 1999. p. 37.

[6] FERNANDEZ LEON, Whanda, Procedimiento Penal Constitucional: 2da.ed. Bogotá. Librería Ediciones del Profesional, 2003. P. 13

[7] TAMAYO ACOSTA, Juan José (Coord.). 10 Palabras Claves sobre Derechos Humanos: loc. cit., Verbo Divino, 2005, p. 326.

[8] UC3M, siglas de Universidad Carlos III de Madrid, España. En esta universidad se imparte el Máster de Derechos Fundamentales conjuntamente con el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.

[9] BARRANCO AVILÉS, María del Carmen. El discurso de los derechos: loc. cit., Dykinson, 1996, p. 36.

[10] FERNANDEZ, Julio  José, La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales. Teoría y realidad constitucional, Núm. 14, loc. cit.  Dykinson: 2004. P. 557

[11] MIGUEZ MACHO, Luis, La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn. Revista de Estudios Políticos, Núm. 127 (enero-marzo), loc. cit.  Dykinson: 2005. P. 353

[12] Ibíd., p. 18.

[13] PÉREZ LUÑO, Antonio E. Derechos fundamentales: loc. cit., Tecnos, 1988, p. 46.

[14] PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio, ob. cit., P. 22.

[15] PÉREZ LUÑO, Antonio E. Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, 5ta. ed.: loc. cit., Tecnos, 1995, PP. 34-35

[16] Algo a destacar es que los Derechos Humanos enmarcan a todas las personas en sí, personas físicas, en cambio, los Derechos Fundamentales engloban  tanto a las personas físicas como morales. Esta diferencia es esencial entre el derecho fundamental y el derecho humano. Mientras que en un caso el ámbito subjetivo de aplicación y protección es un bien o sujeto que puede ser humano o no, en los derechos humanos el único ámbito de objeto y protección es la persona física y humana.

[17] REPÚBLICA DOMINICANA. Constitución de la República Dominicana: Art. 7, Santo Domingo, Alfa y Omega (2010). Pág. 2

[18] LOPEZ MELENDEZ, Teódulo, El Estado Social de Derecho.

[19] RAMIREZ MORILLO, Belarminio, ob. cit. PP. 215 y 216

[20] Cabe destacar que nuestro nuevo modelo de sistema penitenciario, ha sido catalogado como ejemplo a seguir en otros países de Latinoamérica, tal es el caso de Uruguay, quienes enviaron una comisión al país para ver el manejo y funcionamiento del mismo, para una posterior implementación.

[21] TAMAYO ACOSTA, Juan José (Coord.),  ob. cit.

[22] Ibíd., pp. 328-329

[23] Ibíd. pp. 340-341

[24] CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ESPAÑOL, Nuevos derechos fundamentales en el ámbito del Derecho privado: loc. cit., Lerko Print, 2008, p. 15

[25] RAMIREZ MORILLO, Belarminio, ob. cit. P. 216

Posted in: Articulos

Leave a Comment: (0) →